Cinco estudiantes de la Universidad de Panamá, que habían sido requeridos por su supuesta participación en las protestas del pasado 31 de enero, obtuvieron libertad condicional tras comparecer ante el Ministerio Público. El juez de garantías impuso varias medidas cautelares: deben firmar los días 15 y 30 de cada mes, no pueden salir del país ni acercarse a las presuntas víctimas.
El abogado defensor, Arturo Trelles, explicó que estas restricciones se basaron en los reportes de la Policía Nacional, ya que la defensa aún no ha presentado su material probatorio. Trelles adelantó que entregarán videos grabados en la Universidad y en redes sociales para esclarecer lo ocurrido durante las manifestaciones.
Por su parte, José Emilio Moreno, rector encargado de la Universidad Nacional, reiteró que los estudiantes de esa casa de estudios seguirán apoyando manifestaciones pacíficas. Añadió que, en el caso del 31 de enero, los jóvenes salieron a repartir volantes hasta que surgieron incidentes. Uno de los involucrados, Joiner Sánchez, enfatizó que no se considera violento y que mantendrá su postura de “defender la patria”.
El origen de estas protestas estaría relacionado con la visita del funcionario estadounidense Marco Rubio y con mensajes que, según los universitarios, afectan intereses nacionales. En el transcurso de la jornada de protesta, se denunció la agresión a una mujer por parte de un agente policial, mientras que la Policía aseguró que uno de sus efectivos resultó herido.
Además, el juez Fermín Bonilla dictó medidas cautelares para otras dos personas, un hombre de 43 años y una mujer de 22, señaladas de atacar a un uniformado el mismo día en la vía Transístmica. Ambos deben reportarse periódicamente y tienen prohibido acercarse a la víctima, al tiempo que enfrentan cargos por lesiones personales y obstrucción a la labor policial.
