La crisis en la Universidad Autónoma de Chiriquí Unachi sigue acumulando capítulos y ahora el Ministerio de Educación decidió mover ficha por la vía formal.
El Meduca informó que presentará denuncias ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones de servidores públicos, en medio de las irregularidades denunciadas alrededor de la universidad chiricana.
La entidad señaló que, como ente rector de la educación en el país, no puede permanecer indiferente ante una situación que considera insostenible y que, según advirtió, va más allá de la renuncia de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas.
De acuerdo con el ministerio, el Consejo General Universitario ha tratado hasta ahora principalmente el tema de la renuncia, pero ha dejado en segundo plano asuntos que considera centrales: los estudiantes, la institucionalidad, la transparencia y la calidad de la educación superior.
El Meduca recordó que las denuncias contra la UNACHI no surgieron de la noche a la mañana. Antes del proceso de acreditación de 2022 ya existían señalamientos sobre presuntos nombramientos irregulares, posibles prácticas de nepotismo, falta de concursos de cátedra y procesos que habrían afectado la carrera docente.
Como parte de los pasos administrativos, la institución remitió documentación al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República.
También elevó consultas ante la Procuraduría de la Administración sobre la legalidad de la Resolución No. 1 de 2026, emitida por el Consejo General Universitario de la UNACHI, al considerar que ese órgano podría no tener competencia para adoptar decisiones de esa naturaleza.
Este nuevo movimiento ocurre días después de que el presidente José Raúl Mulino cuestionara duramente la situación de la UNACHI y hablara de privilegios, falta de renovación y un manejo que, según dijo entonces, afecta la imagen de la institución.
Ahora, con el anuncio del Meduca, el caso pasa de la crítica pública a una ruta más delicada: la revisión legal de actuaciones administrativas dentro de una universidad que sigue bajo la lupa.
