Un grupo de exfuncionarios del Municipio de San Miguelito decidió alzar la voz ante lo que califican como una injusticia que ya se extiende por dos años: el no pago de sus liquidaciones tras haber culminado su relación laboral con la institución.
Los afectados aseguran que, pese a haber cumplido con sus funciones durante el tiempo que laboraron en el municipio, hasta la fecha no han recibido un solo centavo correspondiente a sus prestaciones laborales. Señalan que, tras su salida, han hecho consultas y gestiones, pero no han obtenido una respuesta concreta sobre cuándo se les hará efectivo el pago.
La situación, explican, les ha generado serias dificultades económicas. Muchos dependen de ese dinero para saldar deudas, cubrir compromisos familiares y enfrentar gastos básicos. “No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que por ley nos corresponde”, reiteran.
El reclamo va dirigido directamente a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, a quien solicitan atender con urgencia este tema que, según indican, lleva dos años sin resolverse.
“Nosotros no le estamos pidiendo que nos regale nada... Ella dice que es la administración que más recauda y cómo es posible que no encuentra el tiempo y la manera de ir pagándole de 100 en 100 a los compañeros”, señaló una de las afectadas.
Además, hicieron un llamado al presidente de la República, José Raúl Mulino, para que intervenga en la situación. Argumentan que, así como el mandatario prestó atención a la crisis de la basura en el distrito, también debe velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes con quienes sirvieron al municipio.
Los quejosos negaron ser “botellas” y que contrario a lo que señalan algunos de que el exalcalde Valdés Carrasquilla es quien debe pagarles, ellos argumentan que Irma Hernández fue la que los botó, así que es a ella a la que le corresponde pagarles sus liquidaciones.
Los exfuncionarios esperan que las autoridades competentes ofrezcan una pronta respuesta, ya que entre los afectados hay personas con discapacidad, mujeres enfermas y funcionarios con más de 40 años de servicio, que fueron despedidas sin que se les tomara en cuenta nada.
