El expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) secuestró las acciones y cuentas bancarias de Corporación La Prensa, S. A. (Corprensa), como parte de una demanda civil que presentó hace ocho años, por presuntos daños y perjuicios.
El secuestro, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, fue decretado formalmente el pasado 22 de junio, por la juez Decimoquinta Civil, Lina E. Castro De León.
“La acción judicial es un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información, ya que reprime la continuidad operativa de la empresa, en vista de que con ella congelan los fondos utilizados para cumplir con nuestras obligaciones contractuales, y realizar el pago de bienes y servicios y, sobretodo, los salarios de los 240 asociados de la corporación”, indicó Diego Quijano, presidente de Corprensa, que edita La Prensa y Mi Diario.
En su demanda civil, admitida el 22 de marzo de 2012, Pérez Balladares reclama $5.5 millones, por las notas periodísticas publicadas por La Prensa sobre los procesos que por presunto lavado de dinero adelantó la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a partir de 2009.
El expresidente sostiene que ha sido objeto de una campaña de desprestigio en su contra, iniciada -según él- en agosto de 2009, con la publicación de documentos que daban cuenta de fondos provenientes de casas de juego que fueron beneficiadas con concesiones durante su administración.
La demanda se limita a dos publicaciones, del 21 y 22 de marzo de 2011, en las que se informa que Pérez Balladares “podría ser objeto de una segunda investigación penal” por presunto blanqueo de capitales, por “supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas”.
Antes de publicar ambas ediciones, el diario contactó a la defensa del exmandatario y publicó su versión.
En el año 2009, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada inició una investigación a Pérez Balladares porque la empresa Lucky Games, que obtuvo un contrato de concesión para operar 500 máquinas tragamonedas, enviaba dineros sin ninguna justificación a la Shelf Holding, una sociedad familiar del expresidente.
El 29 de abril de 2011, el Juzgado Noveno Penal ordenó el sobreseimiento definitivo. La fiscalía apeló y el Segundo Tribunal Superior confirmó el archivo en enero de 2012. Esta decisión fue objeto de una casación (último recurso de apelación) por parte de la fiscalía.
El fallo de la Sala Penal, que resolvió la casación, tuvo como ponente al entonces magistrado Abel Zamorano, quien consideró que la decisión del Segundo Tribunal de enero de 2012 era nula debido a que fue firmada por el magistrado suplente José Hoo Justiniani, cuando no le correspondía conocer el expediente, ya que era responsabilidad de la entonces magistrada Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara. Por esa razón, según este criterio, se dio lo que denomina una falta de competencia.
Acto seguido, el 30 de agosto de 2017, el Segundo Tribunal, en un fallo firmado por los magistrados María de Lourdes Estrada (ponente), Adolfo Mejía y Secundino Mendieta, confirmó la decisión del Juzgado Noveno Penal, que en 2011 ordenó el sobreseimiento definitivo.
Con información de Mónica Palm / La Prensa
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