El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dado un plazo de 60 días a los representantes salientes, tanto reelectos como no reelectos, para que rindan cuentas y expliquen cómo se utilizaron aproximadamente $140 millones provenientes de los fondos de descentralización. Este ultimátum surge en medio de denuncias y sospechas de irregularidades en el manejo de estos recursos.
Boris Barrios, exfiscal electoral y abogado, ha estado involucrado en los procesos de transición de tres juntas comunales y una alcaldía, donde ha encontrado un patrón preocupante: un modus operandi compartido por los exrepresentantes y exalcaldes para desviar fondos públicos. Según Barrios, “pareciera ser que los exrepresentantes y exalcaldes se comunicaban las técnicas para evadir el control fiscal”, lo que dificulta la detección de las irregularidades a simple vista.
Entre las tácticas empleadas por los exfuncionarios, Barrios destaca las compras por montos inferiores a $2,000, una cifra que no requiere pasar por el filtro de la Contraloría conocido como división de bienes. Esto permitía que los fondos no se invirtieran en obras públicas, sino que terminaran en los bolsillos de particulares y de los propios exrepresentantes.
Barrios presentó una denuncia formal por irregularidades encontradas en la junta comunal del corregimiento de Las Garzas de Pacora. Afirmó que la administración pasada de este gobierno local recibió más de $8 millones, de los cuales casi un millón no ha podido ser justificado. En este caso, se alteraron informes contables y se presentaron cuentas por cobrar manipuladas para desviar los fondos del Estado.
El exfiscal electoral también reveló que algunos exrepresentantes llegaron a dictar resoluciones justificando desembolsos por siniestros y otros acontecimientos naturales que nunca ocurrieron, todo con el objetivo de simular gastos y apropiarse del dinero público.
Las investigaciones realizadas por Barrios han revelado un patrón similar en los casos que ha atendido: simulación de contratos y compras que nunca se realizaron, en complicidad con empresas locales, con el fin de justificar desembolsos que en realidad nunca se hicieron. Estas prácticas fraudulentas habrían desviado millones de dólares de los fondos de descentralización.
