Un numeroso grupo de víctimas y familiares afectados por el envenenamiento masivo con jarabe que contenía dietilenglicol de la Caja de Seguro Social (CSS) volvió a la carga este lunes. Acompañados por sus abogados, presentaron más de un centenar de “impulsos procesales” para exigir a los magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la pronta resolución de sus demandas de indemnización.
Con pancartas y mensajes que recordaban los 18 años que llevan esperando justicia, los afectados se apostaron en las escalinatas del máximo tribunal. Víctor Orobio, abogado de los demandantes, señaló que a pesar de los compromisos previos, no se han emitido fallos. Según las últimas reuniones, se esperaba que para mediados de este año (2024) salieran las primeras sentencias, pero el proceso está estancado.
Ante esta inacción, Orobio indicó que plantearán a la Dirección General de la CSS un acuerdo extrajudicial para lograr la indemnización a las víctimas. De concretarse este entendimiento, la Sala Tercera debería tramitar el archivo de las demandas pendientes.
La realidad es que el Tribunal mantiene pendientes más de 300 demandas relacionadas con esta tragedia, que dejó secuelas imborrables en cientos de familias panameñas. La pregunta que se repite en las escalinatas de la Corte es: ¿Cuánto más deberán esperar estas víctimas para obtener justicia?
