En su discurso inaugural de la segunda legislatura, el presidente José Raúl Mulino criticó a los llamados “botellas” o “vagos” en las instituciones del Estado, acusándolos de cobrar salarios sin cumplir funciones reales. Sin embargo, estas declaraciones generaron la reacción inmediata de la Federación Nacional de Asociaciones y Sindicatos de Entidades Públicas (Fenasep).
El secretario general de Fenasep, Alejandro Haynes, pidió coherencia entre el discurso y las acciones del Gobierno. Haynes denunció el despido de trabajadores permanentes y la contratación de allegados políticos con salarios de hasta 5 mil dólares mensuales. Asimismo, recordó que la Ley 59 y la Ley 42 protegen a empleados con enfermedades crónicas y a personas con discapacidad, respectivamente, por lo que exigió respeto a los derechos laborales.
Tanto la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, como el presidente Mulino, habían anunciado antes su intención de disminuir las planillas públicas. Sin embargo, señalan que muchos despidos se revirtieron por las leyes que protegen a quienes tienen condiciones de salud especiales.
