La fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo, solicitó una condena contra el exministro de Obras Públicas Federico José “Pepe” Suárez y el empresario Marcelo de la Rosa por la presunta comisión del delito de peculado, dentro del juicio por supuestos sobrecostos en la remodelación del Casco Antiguo y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz.
Durante sus alegatos finales presentados este martes 10 de marzo, Morcillo también pidió la absolución para los cinco integrantes de la comisión evaluadora de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP): María Eugenia González, León Halphen, Héctor Castillo, Juan Manuel Vásquez y Sergio Del Sour.
El proceso judicial, que se desarrolla a puertas cerradas desde el pasado 2 de marzo, es presidido por la jueza Águeda Rentería en el Tribunal Superior de Causas Penales. El caso es considerado uno de los expedientes de corrupción más complejos en la justicia panameña en los últimos años, debido al volumen de pruebas y al número de contratos bajo análisis.
Los proyectos investigados forman parte del Plan Maestro de Ordenamiento Vial impulsado durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014). Se trata de la rehabilitación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz.
Una auditoría de la Contraloría General de la República detectó presuntos sobrecostos en ambas obras. Según el informe, la remodelación del Casco Antiguo registró un posible sobreprecio de 51.4 millones de dólares, mientras que en la ampliación de la avenida José Domingo Díaz el monto señalado alcanzó los 47.3 millones.
El proyecto del Casco Antiguo fue adjudicado al consorcio integrado por la constructora brasileña Odebrecht y la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). En tanto, la ampliación de la vía Domingo Díaz quedó a cargo del consorcio Ica-Meco.
“La fiscalía consideró que había suficientes pruebas dentro de la investigación para solicitar la sentencia que corresponde contra el exministro de Obras Públicas”, afirmó Morcillo en declaraciones a La Prensa.
En cuanto a la solicitud de absolución para los integrantes de la comisión evaluadora, la fiscal explicó que durante la investigación no se logró demostrar que estos funcionarios tuvieran conocimiento de las irregularidades detectadas en los proyectos.
Tras los alegatos del Ministerio Público, corresponde ahora la intervención del Estado panameño, representado por el Ministerio de Seguridad Pública, que participa en el proceso como querellante.
