Fiscalía Superior Anticorrupción, continuará este miércoles 16 de marzo sustentando la vista fiscal en la audiencia preliminar del caso “Diablos Rojos” donde están imputados 541 personas por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en perjuicio de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), donde pedirán el llamamiento a juicio a estas personas ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
La fiscal Anilú Batista expresó que empezaron los alegatos a través de la vista fiscal, donde se acreditó con elementos todos los actos que se realizaron a lo largo de la investigación, cotejando documentos con la Attt. “Este miércoles seguiremos con el caso de exfuncionarios de la Attt y la Contraloría que se solicitará el llamamiento a juicio”, afirmó Batista.
La investigación que hizo el Ministerio Público establece que los certificados de operación que fueron compensados no tenían derecho a ser beneficiados con esta compensación y eso es lo que se está explicando, aseguró Batista.
Caso de los diablos rojos. Mientras que la fiscal Kyra Tascón, detalló sobre los hechos denunciados dentro del Proceso de Rescate Administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, donde iniciaba en la oficina de trámite, donde se le daba la viabilidad o no, a la petición de las prestatarias, aquí fue el origen y la clave en todo el proceso de compensación; las instrucciones y directrices que esta recibía, provenía de la Dirección General y Subdirección de la ATTT, donde el engranaje era concesionaria, funcionarios y transportistas.
Manifestó que en varios casos, una sola unidad recibió varias compensaciones, otras no estaban prestando el servicio, y además, buses que no eran rutas del distrito de Panamá, ni San Miguelito, se beneficiaron de esta compensación.
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Esta investigación conocida como compensación de “diablos rojos”, inicia con denuncias interpuestas por varias personas en torno a posibles irregularidades que se estaban dando en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación, que traía consigo un perjuicio económico a la Administración Pública, dentro del proceso que inició como parte de la modernización del sistema de transporte, las cuales fueron acumuladas.
