En una conferencia de prensa ofrecida la mañana de este martes 7 de octubre, las Fiscalías Anticorrupción del Ministerio Público presentaron un balance de sus investigaciones en curso sobre delitos contra la administración pública. Según el informe, actualmente hay 4,275 causas activas por peculado, malversación de fondos, corrupción, tráfico de influencias y falsedad de documentos, entre otros delitos. En estas causas se han formulado cargos contra 184 funcionarios, exfuncionarios y particulares, por perjuicios que superan los 36 millones 222 mil dólares.
El informe del Ministerio Público revela que los procesos investigativos identificaron la participación de servidores públicos y antiguos funcionarios vinculados a diversas instituciones estatales. Entre ellas figuran: Ifarhu, Miviot, Dirección General de Ingresos (DGI), Caja de Seguro Social (CSS), Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Educación (Meduca) y Municipio de Panamá.
Durante la presentación, las autoridades hicieron énfasis en que el delito con mayor incidencia es el peculado, con 705 investigaciones abiertas a la fecha; abuso de autoridad, con 403 casos; obstrucción a la justicia, con 135; y corrupción de servidores públicos (denominado “botellas”), con 103 procesos.
Durante la conferencia, las fiscales defendieron el “arduo trabajo” que han venido realizando para avanzar en estas investigaciones, frente a críticas de demora y escepticismo público. La fiscal Digna Castillo subrayó que esta exposición pública busca visibilizar el esfuerzo institucional por llevar estos casos a juicio y demostrar los avances hacia la rendición de cuentas.
No obstante, las autoridades reconocieron que el éxito de las investigaciones no depende únicamente del Ministerio Público, sino que requiere la cooperación de múltiples instituciones estatales, como la Contraloría, el Órgano Judicial y entidades administrativas vinculadas.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, también ha expresado críticas respecto a la lentitud de los procesos anticorrupción y ha instado al sistema judicial a aplicar medidas cautelares más estrictas cuando corresponda. Además, ha solicitado al procurador general, Luis Gómez, retirar una propuesta de ley que ampliaría las facultades de la Fiscalía en casos de corrupción, algo que actualmente está en debate en la Asamblea Nacional.
Las fiscales advirtieron que no existe una “línea de país” uniforme entre las decisiones del Ministerio Público y las del Órgano Judicial, lo que, según ellas, genera incongruencias en la aplicación de sanciones frente a la gravedad de los hechos denunciados.
(Con información de Juan Manuel Díaz)
