El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, defendió el traslado de privados de libertad a la isla de Coiba y aseguró que la medida busca impedir que continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el funcionario afirmó que las personas trasladadas al centro penitenciario son “jefes de pandillas, de organizaciones criminales que trafican drogas y matan panameños todos los días”.
Ábrego explicó que el objetivo del traslado fue cortar la comunicación entre estos privados de libertad y las estructuras criminales. “Ellos efectivamente fueron trasladados allá simplemente para cortarle la comunicación”, manifestó.
El ministro sostuvo que, pese a las restricciones, los detenidos mantienen garantizados sus derechos humanos y legales. “Ellos allá reciben todos los derechos humanos. Sus derechos legales han sido respetados”, expresó.
También indicó que algunos de los privados de libertad han podido comunicarse con sus abogados, así como con jueces y fiscales, mediante plataformas digitales.
“Algunos de ellos ya han conversado con sus abogados a través de los medios de comunicación digital... Igualmente con los jueces y fiscales a los que ellos tienen que mantener una relación”, señaló.
Sobre la huelga de hambre realizada por algunos reclusos, Ábrego comentó: “Efectivamente hicieron una huelga de hambre que creo que duró un día porque tuvieron que accesar a la comida”.
Añadió que el Estado garantiza la alimentación y los artículos básicos para todos los privados de libertad. “El Estado le proporciona a todos los detenidos de este país su comida”, afirmó.
En ese contexto hizo una comparación con la realidad que viven muchos ciudadanos panameños y declaró: “Ellos allá reciben todo. Ropa, comida, papel higiénico, cepillo de dientes que mucha gente pobre en Panamá no tiene”.
El ministro también pidió que el debate se enfoque en quienes han sido afectados por la delincuencia. “Entonces empecemos a respetar el derecho de las víctimas”, dijo.
Añadió que una de las principales preocupaciones debe ser el impacto del narcotráfico en la sociedad. “Estamos hablando de los niños que están consumiendo droga en las escuelas o de la violencia doméstica producto de la injerencia de drogas. Eso es lo que yo creo que nos va a preocupar”, manifestó.
Finalmente, reiteró que los privados de libertad permanecerán incomunicados para evitar que continúen dirigiendo delitos desde prisión.
“Que están en Coiba y que lastimosamente no pueden hablar con teléfono para ordenar la muerte de nadie o para traficar 500 o 1.000 kilos de un lugar a otro de este país. Ahí lo siento mucho. Si es por mí, no lo van a hacer”, concluyó.
