La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó este sábado la condena de una de sus funcionarias por su participación en una red de corrupción que operaba desde la propia institución. La mujer, adscrita a la Agencia de Los Pueblos, fue sentenciada a 48 meses (4 años) de prisión y multada con B/.11,100.00.
El fallo judicial se dio tras comprobarse su responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales.
La investigación reveló que la acusada manipulaba la base de datos del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), lo que permitía borrar deudas de empleadores y, al mismo tiempo, generar créditos indebidos a favor de terceros.
La CSS explicó en un comunicado que esta alteración afectaba directamente a los trabajadores, quienes no veían reflejadas sus cuotas obrero-patronales, lo que ponía en riesgo derechos básicos como pensiones, jubilaciones y prestaciones económicas.
El escándalo no se queda ahí. Otro funcionario, esta vez de los Juzgados Ejecutores de la CSS, fue detenido de manera provisional y suspendido de sus funciones mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades sospechan que habría cometido delitos similares relacionados con la manipulación de datos y la eliminación de registros de deudas.
Estos hechos fueron descubiertos gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la propia Caja de Seguro Social, que activaron auditorías internas y cruzaron información para desarmar la red que operaba desde adentro.
Las autoridades recalcaron que seguirán los procesos judiciales correspondientes y que no se descarta que más funcionarios puedan estar implicados.
La CSS, por su parte, reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones y aplicar medidas de control más estrictas para evitar que este tipo de fraudes se repitan en perjuicio de los asegurados.
Este caso, que golpea la confianza en la institución responsable de la seguridad social de miles de panameños, deja al descubierto cómo la corrupción interna puede afectar de manera directa a los trabajadores que dependen del registro correcto de sus aportes.
Las investigaciones continúan abiertas y el Ministerio Público mantiene bajo reserva los nombres de los involucrados, a la espera de nuevas diligencias que podrían ampliar la red de responsabilidades.
