En la tarde del sábado 24 de mayo, se realizó la audiencia de imputación de cargos contra el veterano dirigente sindical Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), quien se presentó voluntariamente ante la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada el pasado miércoles 21 de mayo, donde le esperaba una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos como estafa agravada, blanqueo de capitales, falsificación, asociación ilícita y prevaricato.
Tras varias horas de audiencia, el juez de garantías Francisco Carpintero reconoció que los elementos aportados por la fiscalía permitían abrir una investigación formal, concediéndole a la fiscalía un plazo de seis meses para concluirla. Acto seguido, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la detención provisional del imputado mientras se desarrollan las pesquisas.
La fiscal especializada Isis Soto presentó cuatro argumentos para justificar la detención. Primero, destacó que existen medios probatorios que demuestran el hecho punible y vinculan a López con los delitos imputados, como blanqueo de capitales, estafa agravada, falsedad y asociación ilícita. Segundo, explicó que la medida es necesaria por la gravedad de los hechos y la apariencia de legalidad que se le dio a transacciones sin sustento comercial.
En tercer lugar, Soto subrayó que la detención es proporcional a la naturaleza de los delitos y a la pena que podrían conllevar, señalando que la suma de las penas mínimas supera los 20 años de prisión. Finalmente, justificó que la afectación de los derechos del acusado se encuentra respaldada por la gravedad de los delitos, que atentan contra bienes jurídicos como la economía nacional, la seguridad colectiva y el patrimonio de al menos 107 víctimas que ya se han sumado al caso.
Además, Soto advirtió sobre riesgos procesales, destacando un posible peligro de fuga tras notificarse a López los delitos imputados, e incluso mencionó la posibilidad de que intente refugiarse en una embajada, como lo hizo anteriormente otro miembro del sindicato. También señaló que López, al seguir vinculado laboralmente al Suntracs, podría tener acceso a documentación clave y personas involucradas, lo que facilitaría la destrucción o alteración de pruebas.
Finalmente, la fiscal añadió que algunos querellantes han expresado temor por su seguridad, mencionando presiones recibidas y advirtiendo sobre posibles represalias. Ahora, será el juez quien deberá decidir si concede la medida cautelar solicitada.
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