El Consejo de Gabinete autorizó este martes a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 8-26, que propone adicionar el artículo 169-A al Código Penal para sancionar el uso de máscaras y otros elementos que oculten el rostro durante manifestaciones públicas con fines violentos.
Actualmente, el artículo 169 del Código Penal establece sanciones de uno a tres años de prisión para quien impida ilegalmente una reunión pacífica y lícita. En caso de que el responsable sea un servidor público, la pena aumenta de dos a cuatro años de prisión.
La iniciativa del Órgano Ejecutivo plantea que quien, durante una manifestación, protesta u otra concentración pública, utilice capuchas, pasamontañas, máscaras u otros medios para ocultar total o parcialmente su rostro con el propósito de provocar, realizar o incitar actos de violencia, intimidación u odio, sea sancionado con penas de dos a cuatro años de prisión.
Asimismo, el proyecto contempla que si esta conducta facilita, encubre o propicia la comisión de delitos contra la vida, la integridad personal, el patrimonio o la administración pública, la pena se incrementará de cuatro a seis años de prisión, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por los delitos adicionales cometidos.
