El Consejo de Gabinete de Panamá aprobó esta tarde la Resolución No. 61-24, estableciendo el nuevo Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Gabinete y dictando otras disposiciones. Entre las medidas destacadas se encuentra la decisión de hacer públicas todas las actas de los consejos de gabinete, incluyendo las realizadas durante las administraciones gubernamentales de 2014-2019 y 2019-2024.
Esta decisión, liderada por el presidente José Raúl Mulino, revoca la Resolución de Gabinete No. 71 del 4 de agosto de 2021, que declaraba de acceso restringido las “actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República”.
En el mismo consejo, se acordó presentar ante la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley No. 12-24. Este proyecto busca aprobar el Acuerdo en el Marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptado en Nueva York el 19 de junio de 2023. El objetivo de este acuerdo es asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional mediante la implementación efectiva de las disposiciones pertinentes de la Convención y una mayor cooperación y coordinación internacional.
La Resolución de Gabinete No. 63-24 autorizó al Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, a presentar este proyecto ante el Órgano Legislativo.
Tal como me comprometí, las actas del Consejo de Gabinete volverán a ser públicas. A partir de hoy, que es la primera reunión, daremos acceso a la información que nunca debió dejar de ser pública. Empezamos a transparentar las acciones del gobierno desde el primer día y lo… pic.twitter.com/gB89I2M3pE
— José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) July 3, 2024
Durante el desarrollo del Consejo de Gabinete, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, presentó detalles preliminares sobre la situación fiscal del país y el gasto público. Siguiendo los lineamientos del presidente Mulino, Chapman destacó que la principal prioridad del gobierno es honrar las deudas con los acreedores del Estado en lo que resta del año 2024.
El presidente Mulino también ordenó informar al Ministerio Público sobre cualquier anomalía o irregularidad detectada en las instituciones del Estado. Aclaró que esto no es una persecución política, sino un apego a la ley y un esfuerzo por continuar la gestión avanzando firmemente para completar obras.
Además, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó un informe sobre la situación del proyecto de carretera Quebrada Ancha - María Chiquita en la provincia de Colón. Actualmente, el proyecto está paralizado y su futuro depende de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Con estas medidas, el gobierno de Mulino busca reforzar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública, garantizando el acceso a la información y promoviendo la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
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