El Gobierno Nacional aseguró la continuidad operativa, laboral y contractual de los puertos de Balboa y Cristóbal luego de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato de concesión con Panama Ports Company (PPC). El presidente de la República, José Raúl Mulino, explicó que mientras el fallo no quede ejecutoriado, la empresa continuará operando sin cambios, y que una vez en firme se iniciará una transición ordenada que culminará con una nueva concesión bajo condiciones más favorables para el país.
Para esta etapa, el Ejecutivo designó a Alberto Alemán Zubieta como asesor presidencial y conformó un equipo técnico especializado. La Autoridad Marítima de Panamá coordinará el proceso con la concesionaria, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, garantizando que no habrá despidos y que los derechos laborales se mantendrán intactos. El Gobierno también aseguró a clientes y proveedores que los servicios y contratos vigentes no se verán afectados.
En paralelo, el mandatario confirmó acercamientos con operadores internacionales y destacó la disposición de APM Terminals Panama para asumir de forma temporal la operación de ambas terminales, una vez el fallo sea ejecutoriado, hasta que se adjudique la nueva concesión mediante un proceso abierto y transparente.
APM Terminals, una subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk, precisó que no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones relacionadas con la estructura o administración futura, ya sea a corto o largo plazo, de los puertos de Balboa y Cristóbal. Actualmente, opera 60 terminales en 34 países.
En agosto de 2025, APM Terminals, una división independiente de la naviera danesa Maersk, desembolsó 600 millones de dólares para hacerse con la operación del ferrocarril de Panamá.
APM Terminals ha estado insistiendo en el último año en la necesidad de que se amplíe la cantidad de puertos que operan en Panamá, ya que todos los países vecinos están haciendo lo propio y se benefician de la enorme demanda que hay en el mercado.
Por su parte, PPC rechazó la decisión judicial, advirtió sobre riesgos a la seguridad jurídica y defendió que ha invertido más de $1,800 millones desde 1997. La empresa señaló que analizará acciones legales cuando conozca el fallo completo, aunque reiteró su disposición al diálogo. Entretanto, China anunció que tomará medidas para proteger los intereses de sus empresas tras la decisión judicial.
