Durante su conferencia matinal de los jueves, el presidente José Raúl Mulino confirmó que tanto el subsidio al tanque de gas de 25 libras como la ley de interés preferencial para viviendas se mantendrán para la vigencia fiscal de 2025, con el propósito de brindar estabilidad a las familias panameñas. Ambos beneficios ya están incluidos en el Presupuesto General del Estado, y su continuidad busca asegurar que los ciudadanos puedan hacer frente al costo de la vida.
El “tanquecito de gas”, cuyo precio al público en Panamá y Colón es de $4.37, sería superior a $15 sin el subsidio, representando un gasto estatal de 90 millones de dólares. Establecido en 1993, este subsidio se ha mantenido a lo largo de los años para ayudar a las familias de bajos ingresos a cubrir sus necesidades energéticas básicas.
Revisión progresiva de la ley de interés preferencial
Además del subsidio al gas, el presidente confirmó que la ley de interés preferencial también continuará, facilitando la compra de viviendas para la clase trabajadora. No obstante, el ministro de Economía, Felipe Chapman, anunció que el gobierno realizará una revisión gradual de la normativa para mejorar su efectividad.
Chapman destacó que el enfoque será crear un marco permanente y focalizado que beneficie especialmente a los sectores más necesitados, evitando excesos y ajustando los tramos de financiamiento. Actualmente, el régimen aplica a viviendas de hasta 120 mil dólares, pero se busca que los recursos se dirijan principalmente a viviendas de bajo costo.
“El subsidio al tanquecito de gas de 25 libras se va a mantener", así lo asegura el presidente Mulino. https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/fD2E2L4I9d
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 24, 2024
Eliminación del Fondo Solidario por falta de presupuesto
Uno de los primeros cambios implementados por el gobierno de Mulino fue la eliminación del Fondo Solidario de Vivienda, al argumentar que el programa se había vuelto insostenible por falta de respaldo financiero. Según el mandatario, muchas promotoras iniciaban proyectos bajo la premisa de que contarían con bonos estatales, sin consultar previamente si el Estado tenía capacidad de pago. Esto generó una acumulación de deudas que afectó la viabilidad del programa.
El Fondo Solidario otorgaba un bono de 10,000 dólares a quienes compraran viviendas sociales de hasta 70,000 dólares, y su propósito era reducir el déficit habitacional. Sin embargo, este beneficio venció el 30 de junio de 2024 sin una legislación que garantizara su continuidad, lo que representa un desafío para las familias de bajos ingresos en su aspiración de tener una vivienda propia.
