El conflicto entre el Gobierno Nacional y los gremios docentes entró en una nueva fase tras la publicación del Decreto Ejecutivo N.° 17 del 24 de junio de 2025, emitido por el Ministerio de Educación y publicado en la Gaceta Oficial N.° 30307-A. El decreto establece un procedimiento especial y transitorio para la selección y nombramiento de nuevos maestros y profesores, con el objetivo de restablecer el proceso de enseñanza en los centros educativos oficiales afectados por el paro docente.
Este documento fue citado como tema central en la reunión sostenida este miércoles 3 de julio entre representantes del gremio magisterial y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, en el Salón Carlos ‘Titi’ Alvarado del Palacio Justo Arosemena. En la cita también participaron los diputados Jorge Bloise, Francisco Brea y Yamirelis Chong, quienes escucharon las inquietudes del sector educativo.
Desde mediados de abril, los educadores mantienen un paro indefinido en rechazo a las reformas planteadas para la Caja de Seguro Social. La situación ha dejado a miles de estudiantes sin clases en todo el país. El Gobierno, por su parte, justificó el decreto con base en el derecho a la educación de los estudiantes, alegando que el retraso académico afecta gravemente el desarrollo personal y emocional de la niñez y la adolescencia.
El presidente José Raúl Mulino y el contralor general de la Nación, Anel Flores, han sido enfáticos: docente que no trabaje, no cobra. Además, tanto la Caja de Ahorros como el Banco Nacional de Panamá emitieron recientemente comunicados a los maestros en paro que presentan atrasos en sus pagos, aumentando la presión sobre los gremios.
En el pleno legislativo, diputados de diferentes bancadas han reconocido la necesidad de tender puentes con los docentes. Varios han propuesto escuchar sus reclamos sin represalias y han confirmado que se trabaja en un cuestionario para citar en los próximos días a la ministra de Educación, Lucy Molinar, a rendir cuentas ante el hemiciclo.
El Decreto Ejecutivo N.° 17, además de justificar su urgencia en la interrupción prolongada de las clases, se ampara en las leyes que garantizan el derecho a la educación y priorizan el interés superior del niño por encima de otros derechos. Con esta medida, el Ejecutivo pretende cubrir las vacantes causadas por la paralización y garantizar que el segundo trimestre escolar inicie con personal activo, así sea de forma temporal.
