El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de suspender las concesiones y ordenar una auditoría exhaustiva debido a posibles irregularidades en el alquiler de tierras del Estado en Colón. Esta medida está vinculada con el trámite de una concesión para la explotación comercial del aeropuerto de esta ciudad atlántica.
La auditoría se centrará en la concesión de dos grandes terrenos estatales que abarcan un millón 73 mil 965 metros cuadrados en el sector de Coco Solo, en Colón, así como la concesión relacionada con el aeropuerto. La nueva administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) ha suspendido preventivamente estas concesiones para investigar si hay irregularidades, incluyendo posibles conflictos de interés. Dependiendo de los resultados, se presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.
Suspenden concesiones en Zona Libre y el aeropuerto de Colón; Presidencia anuncia investigación https://t.co/Nsi48cBI4V
— La Gaceta | Panamá (@LaGacetaPa) July 13, 2024
Además, Tocumen S.A. ha suspendido la licitación que buscaba conceder el contrato de explotación comercial del aeropuerto de Colón. Esta concesión había sido otorgada por la anterior administración de la ZLC por un período de 20 años, prorrogables, con un canon de arrendamiento mensual extremadamente bajo de solo 0.005 milésimos.
La empresa beneficiada obtuvo el uso de estos terrenos desde el pasado 1 de junio, vinculado al inicio de la explotación comercial del aeropuerto de Colón, cuya extensión es de 103 mil 618 metros cuadrados. El 15 de febrero, dos consorcios compitieron en la licitación de Tocumen S.A. para la explotación del aeropuerto, un proceso que ya ha sido suspendido debido a posibles vínculos entre los consorcios y la empresa beneficiada por la concesión de los lotes adyacentes al aeropuerto.
Por las tierras otorgadas por la administración anterior de la ZLC, la empresa solo había presentado una garantía de 16,109 dólares, según un memorando oficial.
Esta auditoría es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la transparencia y legalidad en la gestión de los recursos del Estado, garantizando que las concesiones se otorguen de manera justa y en beneficio del interés público.
