Si Minera Panamá tenía alguna duda del estado del contrato con el Estado panameño, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha querido dejarlo bien claro: “La Ley 9 de 26 de febrero de 1997, mediante la cual se aprueba el contrato celebrado con Minera Petaquilla (hoy Minera Panamá) es inconstitucional”.
Basado en eso, la Dirección Nacional de Recursos Minerales del MICI emitió la noche de este lunes 19 de diciembre una resolución que ordena a Minera Panamá a elaborar, dentro de los próximos 10 días hábiles, un plan para poner en cuido y mantenimiento a la mina Cobre Panamá, el cual contempla el cese de operaciones comerciales.
La entidad agrega que una vez presentado dicho plan, debe ser aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias y expone que la decisión se sustenta en el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá el 21 de diciembre de 2017, publicado el 22 de diciembre de 2021 en la Gaceta Oficial N° 29439.
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En los últimos días, luego de que el Consejo Gabinete aprobó cesar operaciones a Minera Panamá al no lograrse la firma de un nuevo contrato, la empresa ha insistido a través de comunicados y varios juristas que tiene una relación contractual vigente hasta el año 2037, en contraposición con lo que expresó la CSJ. Incluso, ya Minera Panamá presentó algunas acciones legales en el máximo tribunal de justicia del país, según informó la ministra de Trabajo Doris Zapata.
El Gabinete aprobó el cese de operaciones de la empresa.La resolución del MICI emitida este 19 de diciembre, establece que el plan para la preservación y gestión segura (cuido y mantenimiento) del Proyecto Cobre Panamá deberá incluir, sin limitarse a, todas las actividades y acciones necesarias que conlleven la suspensión de las actividades mineras de manera eficiente, segura y con gestión de riesgos, salvo aquellas actividades necesarias para preservar la capacidad productiva y operativa de la mina y sus componentes, y deberá abordar, como mínimo, las obligaciones técnicas, medioambientales y sociales, el trato justo a empleados y contratistas, el cumplimiento de las normas laborales, de salud y seguridad, y la comunicación con el gobierno.
