El Consejo de Gabinete aprobó presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley 1-26, que propone el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional (BHN), como parte de una reorganización del modelo institucional de vivienda en Panamá.
La iniciativa busca modernizar la política nacional de vivienda y crear un sistema de financiamiento habitacional más eficiente, sostenible y con enfoque social. Según la propuesta, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) asumirá la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, mientras que la Caja de Ahorros tendrá el rol de banca social hipotecaria.
Con este cambio, el Ejecutivo plantea evitar duplicidades, reducir costos operativos, fortalecer el crédito social y abrir nuevos mecanismos de colaboración entre el sector público y privado para la construcción de viviendas de interés social.
El cierre del BHN no sería inmediato. El proyecto establece un Plan de Transición Institucional, que deberá ser elaborado por un Comité de Transición y aprobado por el Órgano Ejecutivo. Una vez la ley sea promulgada, el proceso no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027.
Este comité estará integrado por representantes del Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República, entidades que coordinarán los trámites necesarios para el cierre de operaciones del banco.
Las funciones relacionadas con diseño, planificación, subsidios, programas de vivienda de interés social, desarrollo de proyectos público-privados y articulación territorial pasarán al Miviot. En tanto, la Caja de Ahorros asumirá las competencias vinculadas al financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros.
La propuesta aclara que este proceso no constituye una fusión bancaria. La Caja de Ahorros deberá manejar las carteras transferidas por separado de sus operaciones bancarias y garantizar la continuidad en la atención de los usuarios.
Además, el proyecto crea un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional y una Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot, para impulsar proyectos de interés social, tanto para venta como para alquiler social.
