La Corte Suprema de Justicia (CSJ) asestó un golpe clave al negocio de la lotería electrónica en Panamá al declarar la nulidad de la adenda que extendía el contrato de operación de juegos como Lotto y Pega 3, dejando en entredicho la continuidad de este servicio en el país.
El fallo, adoptado el pasado 13 de abril por la Sala Tercera, establece que es ilegal la adenda 5 del Contrato 2013(9)08, firmada originalmente entre la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y la empresa Scientific Games LLC.
Esta modificación había ampliado la concesión por 10 años adicionales, sin convocar a un nuevo proceso público.
La decisión respalda el argumento del abogado Pedro Meilán, quien impulsó la demanda de nulidad señalando que la extensión del contrato se hizo de forma automática, violando principios de transparencia.
Este criterio ya había sido avalado en 2024 por el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González.
Extracto del Edicto No. 994, en el que la secretaría general de la Corte comunica la decisión adoptada por la Sala Tercera, respecto a la concesión de Scientific Games.El contrato original fue adjudicado en 2013 al consorcio Panama Lottery Technology Services, durante el gobierno de Ricardo Martinelli. Sin embargo, con el paso de los años, la concesión sufrió múltiples cambios que ampliaron su alcance y beneficios para la empresa.
Inicialmente concebido para la lotería instantánea tipo “raspa y gana”, el acuerdo fue modificado para incluir juegos electrónicos. Además, la LNB asumió costos de publicidad y mercadeo, mientras que la empresa pasó a recibir el 15% de las ventas brutas tras la última adenda firmada en 2023.
También hubo transformaciones en la estructura del concesionario. El consorcio original se disolvió y dio paso a Scientific Games LLC, una firma constituida en Delaware, Estados Unidos, que opera en Panamá mediante una supuesta sucursal.
Pese al fallo de la CSJ, la empresa mantiene la promoción de un sorteo programado para este sábado 18 de abril, lo que abre interrogantes sobre la ejecución del contrato tras ser declarado ilegal y las acciones que podrían tomar las autoridades.
