En el mes de abril, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público el reporte anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, llamó la atención la mención que hacia sobre las instituciones de seguridad pública en Panamá. De acuerdo con el mismo, las instituciones que componen la Fuerza Pública son reiterativas en las violaciones a los derechos humanos. Por ello no sorprende lo ocurrido el domingo con una unidad del SPI que custodia el parque Omar en medio de una actividad de la comunidad LGBTQ+.
Utilizando las redes sociales y las ligerezas que estas permiten, no pocos han querido reducir el tema al pleito por una bandera (la arcoíris). Pero el tema es más profundo y subyace en la sistemática violación que hace el Estado panameño a través de sus instituciones representativas.
Es posible que el tema termine con una disculpa pública y la reprimenda al uniformado, lo que es insuficiente en un país donde las autoridades no asuman posturas enérgicas en defensa de un segmento de la población que está allí, que enfrenta vejámenes continuos y que continuará haciendo la lucha para que sus derechos se reconozcan y respeten.
