Por estos días, se libra un pulseo en la Asamblea Nacional en busca de los 36 votos necesarios para obtener la mayoría legislativa, un paso crucial para la conformación de la junta directiva. La estrategia, según advierten diputados y otros actores políticos, es utilizar las impugnaciones para evitar que los independientes y otros diputados afines alcancen la mayoría el próximo 1 de julio, día en que se instala la Asamblea Nacional.
José Pérez Barboni, diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), ha señalado que las impugnaciones podrían afectar considerablemente la votación para instalar una junta directiva que trabaje verdaderamente por el país.
El primer paso lo dio Alejandro Pérez, candidato a diputado por el partido Realizando Metas (RM), quien presentó una demanda para anular la elección y proclamación de los diputados electos en el circuito 8-4. RM, liderado por el expresidente Ricardo Martinelli, busca asegurar una mayoría en la Asamblea.
Otra situación conflictiva se da en el circuito 8-2 de San Miguelito, donde la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, pretende presentar una demanda de nulidad que podría afectar a siete diputados electos. Si estas impugnaciones no se resuelven antes del 1 de julio, los diputados electos podrían no asumir sus curules, dejando vacantes importantes posiciones en la Asamblea.
El derecho de impugnar una elección, si existen pruebas de ilegalidades, es LEGÍTIMO, venga de donde venga.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) May 21, 2024
Lo que nunca puede ser legítimo es que dichos procesos vulneren la voluntad popular y afecten la instalacióm de la Asamblea.
TE debe imprimirle urgencia a los procesos.
Estas maniobras han despertado críticas y preocupaciones entre diversos sectores. El diputado independiente Gabriel Silva ha pedido al Tribunal Electoral (TE) que resuelva las impugnaciones lo antes posible para evitar un vacío de poder en la Asamblea.
Analistas políticos como José Stoute y Danilo Toro expresan su preocupación por el uso de las impugnaciones para alterar la composición de la Asamblea. Consideran que estas acciones generan incertidumbre y ponen en riesgo la estabilidad política del país.
El exfiscal electoral Boris Barrios ha manifestado su sorpresa por el modo en que se están presentando las impugnaciones, señalando que algunos candidatos perdedores están abusando de este recurso por razones políticas y de conveniencia.
En este contexto, el Tribunal Electoral juega un papel crucial. La entidad ha asegurado que resolverá todas las acciones legales relacionadas con los comicios del 5 de mayo, pero la demora en la resolución de las impugnaciones podría tener consecuencias graves para la institucionalidad democrática del país.
En resumen, las impugnaciones en la Asamblea Nacional representan un desafío para la estabilidad política y la democracia en Panamá. La resolución rápida y transparente de estas controversias es fundamental para garantizar la legitimidad y eficacia del proceso electoral.
Información publicada por prensa.com por Andrea Salcedo Llaurado / Ohigginis Arcia Jaramillo
