El juez de garantías Fermín Bonilla imputó este sábado 27 de junio cargos por los delitos de peculado y blanqueo de capitales a los dirigentes sindicales de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), Genaro López y Marco Andrade, en el marco de la investigación por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados a programas de capacitación laboral.
Durante la audiencia, que comenzó a las 8:30 a.m., el juez legalizó la aprehensión de ambos dirigentes y acogió la imputación presentada por el fiscal anticorrupción Eduardo Rodríguez.
A López, quien fue secretario general de Conusi entre 2016 y 2020, se le imputó el delito de peculado doloso agravado y se le impuso la medida cautelar de reporte periódico dos veces por semana. En tanto, Andrade, secretario general de la organización entre 2021 y 2025, fue imputado por los delitos de peculado por extensión y blanqueo de capitales, y deberá cumplir arresto domiciliario.
La Fiscalía Anticorrupción apeló las medidas cautelares impuestas por el juez, por lo que la audiencia de apelación fue programada para el próximo 14 de julio.
Según el fiscal Rodríguez, entre 2019 y 2025, período en que López y Andrade ocuparon la Secretaría General de Conusi, se registraron graves irregularidades en el manejo de los recursos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para la formación de trabajadores.
De acuerdo con la investigación, una auditoría de la Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de 760,951 dólares. Entre las anomalías detectadas figuran la falta de documentación que respaldara el pago de viáticos, la ausencia de copias de los diplomas entregados a los participantes de los seminarios y deficiencias en la justificación de gastos destinados a la alimentación de los beneficiarios.
El Ministerio Público también sostuvo que en los listados de personas que supuestamente participaron en los programas de capacitación aparecían personas fallecidas, menores de edad y números de cédula que no correspondían con los presuntos beneficiarios. Además, señaló que tanto López como Andrade eran los responsables de presentar al Mitradel los informes sobre la utilización de esos fondos.
Ambos dirigentes fueron aprehendidos el pasado jueves por solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el presunto uso irregular de los recursos transferidos por el Mitradel a Conusi para desarrollar programas de capacitación laboral.
Por su parte, los abogados defensores Miguel Ángel Rodríguez y Javier Quintero rechazaron la tesis del Ministerio Público y argumentaron que sus representados no son funcionarios públicos, por lo que, a su juicio, no tenían bajo su custodia ni administración fondos del Estado.
