El juez de garantías Ángel Santos imputó cargos por el delito de peculado y ordenó la detención provisional del representante de corregimiento de Barrio Norte, en la provincia de Colón, Javier Lynch, así como del tesorero Orlando Salazar, tras una extensa audiencia que se desarrolló este jueves.
La diligencia judicial, que inició a las 10:30 de la mañana y se extendió hasta las 3:15 de la tarde, dejó al descubierto presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que, según la Fiscalía Anticorrupción, ascienden a unos 6 millones de dólares.
De acuerdo con el Ministerio Público, estos recursos fueron entregados a través de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y estaban destinados a programas de interés social dirigidos a comunidades en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, una denuncia presentada por la propia entidad permitió detectar inconsistencias en el uso de ese dinero.
El juez Santos consideró que la medida cautelar de detención provisional es proporcional a la gravedad de los hechos investigados, destacando que la fiscalía presentó suficientes elementos de convicción sobre la conducta atribuida a ambos funcionarios.
Durante la audiencia, la fiscalía insistió en que se trata de un delito grave que afecta directamente los fondos del Estado, por lo que solicitó la aplicación de la medida más severa para garantizar el proceso.
Tras la decisión, el juez decretó un receso para continuar con el debate sobre las medidas cautelares, aunque ya se adelantaba la solicitud de detención provisional para los implicados.
