Un informe independiente sobre la manera en que la Arquidiócesis de Panamá gestionó casos de abuso sexual contra menores y personas vulnerables durante más de dos décadas reveló deficiencias en la atención a las víctimas, el registro de los casos, la prevención, la aplicación de justicia y la reparación.
La Comisión de Transparencia presentó este martes 22 de septiembre, en el auditorio Benjamín Ayechi, de la Universidad Santa María La Antigua (USMA), su Valoración de la Gestión Institucional de la Arquidiócesis de Panamá ante los abusos sexuales a menores y personas vulnerables (2001-2025). El estudio fue solicitado en octubre de 2025 por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, bajo condiciones que, según la Comisión, garantizaron acceso pleno a la información, independencia en la investigación y publicación de los resultados.
Arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa durante la presentación del informe sobre abusos sexuales de 2001 a 2025. Alexander Arosemena37 denuncias y 24 casos examinados
Durante el periodo estudiado, la Arquidiócesis recibió 37 denuncias, de las cuales la Comisión examinó 24. Las otras 13 quedaron fuera del estudio porque correspondían a hechos ocurridos fuera del territorio de la Arquidiócesis, fuera del periodo analizado o no estaban relacionados con abusos contra menores o personas vulnerables.
Uno de los datos más relevantes está relacionado con la atención brindada a quienes denunciaron los abusos. De los 24 casos revisados, solo en dos consta que se escuchó a la víctima, mientras que en al menos ocho aparece registrada la escucha de la persona acusada.
Ante este panorama, la Comisión plantea que deben establecerse procedimientos de acogida y acompañamiento independientes del proceso jurídico-canónico, enfocados en los derechos de las víctimas y destinados a evitar su revictimización.
Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy. Alexander ArosemenaNo pudieron verificar las sanciones
El informe también detectó problemas en la documentación. Aunque los expedientes permiten determinar que hubo denuncias, investigaciones y decisiones, en varios casos no permiten reconstruir todo el proceso hasta su conclusión.
Otro de los hallazgos se refiere a las consecuencias para las personas declaradas responsables. La Comisión señaló que no encontró información registrada sobre las sanciones impuestas ni sobre la supervisión de su cumplimiento.
El propio informe hace una precisión: la ausencia de registros no significa necesariamente que las sanciones no hayan existido, pero impide comprobar qué medidas fueron adoptadas y rendir cuentas sobre ellas.
Gustavo De Gracia, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá. Alexander ArosemenaExpedientes tampoco reflejan reparación
La revisión encontró además que los expedientes no recogen medidas de reparación a las víctimas. La Comisión sostiene que este proceso debe contemplar el reconocimiento del daño, la asunción de responsabilidades y respuestas a las necesidades físicas, psicológicas, morales, espirituales y sociales de cada persona afectada.
No todo el diagnóstico fue negativo. El informe reconoce avances en la gestión de estos casos a partir de la aprobación de líneas guía en 2015 y, posteriormente, con la creación en 2024 de la Pastoral de Cuidado y Prevención y la Oficina de Escucha.
La Comisión pidió que las recomendaciones no queden únicamente plasmadas en el documento y que se conviertan en medidas concretas, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento verificables.
Al respecto, el arzobispo de Panamá, José domingo Ulloa, manifestó que se encargó esta investigación para “conocer la verdad de cómo hemos hecho las cosas para mejorar”.
