Este domingo 18 de agosto, se han generado diversas reacciones tras la confirmación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre el inicio de los vuelos de repatriación de migrantes irregulares, programados para este martes 20 de agosto. Este plan es parte de un acuerdo de colaboración entre Panamá y Estados Unidos, firmado mediante un memorándum de entendimiento que busca manejar la crisis migratoria de manera segura y efectiva, incluyendo la revisión de casos que requieran protección.
El presidente Mulino, en declaraciones a una cadena internacional, reveló que en la frontera de Darién se han detectado personas vinculadas al terrorismo afgano, narcoterrorismo y otros individuos solicitados por diversos delitos en sus países de origen. Esta situación ha generado preocupación en distintos sectores del país.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó la necesidad de que se mantenga el respeto a los derechos humanos de los migrantes durante este proceso. “El trabajo de la iglesia con la migración seguirá enfocado en acompañar el proceso de dignidad humana y en brindar ayuda a quienes lo necesitan”, señaló monseñor Ulloa.
Por su parte, Rafael Rodríguez, vocero de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá (Arena), hizo un llamado a garantizar que los migrantes sean repatriados en condiciones óptimas y con respeto a sus derechos humanos. Rodríguez también cuestionó cómo se manejarán los casos de ciudadanos venezolanos, considerando la actual crisis diplomática entre Panamá y Venezuela.
Aunque aún no se han compartido detalles sobre el proceso de selección para los vuelos de repatriación, se ha informado que Estados Unidos facilitará el transporte aéreo sin costo para Panamá. En 2023, aproximadamente 520,085 personas cruzaron la peligrosa selva del Darién, de las cuales 113,180 eran niños y adolescentes, todos con el objetivo de llegar a Estados Unidos.
