La Procuraduría de la Administración respaldó a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al considerar ilegal la decisión de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de asumir el servicio y el cobro de la tasa de aseo en el distrito. El pronunciamiento, remitido a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, concluye que la entidad se extralimitó en sus funciones y vulneró la autonomía municipal.
El conflicto surge tras la crisis de basura registrada en diciembre de 2025, cuando el colapso del sistema de recolección dejó acumulación de desechos en comunidades de San Miguelito. Esto obligó al Gobierno central a intervenir a través de la AAUD, una medida que la Procuraduría reconoce como válida en su fase inicial por razones de salud pública.
Sin embargo, el problema radica en el alcance de esa intervención. Según el análisis, la AAUD pasó de brindar apoyo temporal a sustituir al municipio sin cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley 51 de 2010, que exige condiciones específicas para asumir formalmente el servicio.
El concepto también señala irregularidades en el procedimiento, como la falta de participación de la alcaldesa en la toma de decisiones y la ausencia de aprobación del Consejo Municipal. Además, cuestiona que la AAUD haya asumido el cobro de la tasa de aseo, considerada un ingreso propio del municipio protegido por ley.
Finalmente, la Procuraduría advierte que esta decisión afecta directamente las finanzas de San Miguelito, ya que el presupuesto de 2026 contemplaba más de siete millones de dólares provenientes de ese servicio. Aunque la última palabra la tendrá la Corte Suprema, el criterio deja claro que la intervención estatal no puede sobrepasar los límites legales ni la autonomía de los municipios.
