Un hecho indignante sacude a la capital: una joven de la etnia Ngäbe-Buglé fue explotada como empleada doméstica durante 15 días y, tras finalizar su labor, fue abandonada en una estación de metrobús sin recibir un centavo del pago acordado.
La muchacha, que había sido llevada desde la comarca con la promesa de un trabajo temporal, terminó sola y sin recursos en plena ciudad. Según se conoció, su empleador la dejó en la terminal sin importarle su destino.
El drama cambió rumbo gracias a la intervención de un supervisor de Mi Bus, quien al notar la situación dio aviso a las autoridades y le brindó la primera asistencia. La Policía Nacional también participó en la ayuda, logrando ponerla bajo resguardo y trasladarla a un lugar seguro.
El Centro de Orientación y Atención Integral Juan Pablo II reaccionó de inmediato y asumió la atención de la joven. Allí recibió alojamiento en una pensión cercana, descanso y la organización de su traslado seguro de regreso a la comarca.
El Centro Juan Pablo II rechazó enérgicamente el abuso sufrido por la joven y reafirmó su compromiso de acompañar a personas vulnerables. La institución recordó que estos casos reflejan la necesidad de mayor protección a quienes salen de sus comunidades en busca de oportunidades y terminan siendo víctimas de explotación y abandono.
Tras permanecer resguardada, la joven emprendió viaje de madrugada hacia su provincia, con donaciones entregadas directamente a ella. El Centro aclaró que no se requiere más ayuda, pues ya no permanece bajo su cuidado, y reiteró que su misión continúa enfocada en atender a habitantes de calle, migrantes en tránsito, adultos mayores y todas las personas en condición vulnerable que llegan a sus puertas.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) aseguró que ya abrió una investigación inmediata para verificar las condiciones en que fue contratada la joven ngäbe y garantizar que se respeten sus derechos. La ministra Jackeline Muñoz de Cedeño reiteró que la entidad trabajará de forma coordinada con otras instituciones, reforzando las inspecciones laborales y los canales de denuncia para evitar nuevos casos de explotación, y promoviendo entornos de trabajo seguros y justos para todos los ciudadanos.
