La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional aprobó este jueves, 22 de octubre, en primer debate, el proyecto de Ley 746, que modifica la Ley 5 de 1987 sobre beneficios para adultos mayores.
La propuesta incluye un 20% de descuento en la tasa de aseo residencial, siempre que el contrato esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. También contempla rebajas de hasta el 30% en servicios básicos, pero mantiene el 20% para la compra de medicamentos.
El proyecto surge luego del veto presidencial a la iniciativa anterior, el proyecto 226, tras conversaciones entre el Gobierno, representantes de los jubilados y el sector privado. Ahora deberá superar el segundo y tercer debate en el pleno legislativo y recibir la sanción del Ejecutivo para convertirse en ley.
El diputado proponente, Javier Sucre, destacó que la propuesta busca aliviar los gastos de los adultos mayores en alimentación, medicamentos y servicios básicos.
“Gracias a Dios, hemos logrado mantener el tema de la recolección de la basura, que los adultos mayores también tengan el descuento y adicionalmente en otros rubros como lo que es sillas de ruedas”, señaló.
¿Cuáles son los descuentos propuestos?
El texto aprobado en primer debate contempla los siguientes beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad:
Medicamentos: 20%
Restaurantes, excepto fondas: 25%
Honorarios de medicina general y especialidades médicas y quirúrgicas: 25%
Servicios de optometría y oftalmología: 15%
Exámenes de laboratorio: 20%
Servicios radiológicos: 30%
Tratamientos contra el cáncer, procedimientos, terapias, medicamentos oncológicos e insumos relacionados: 30%
Prótesis, sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia: 20% en los bienes y equipos descritos en el proyecto
Electricidad residencial, para consumos que no superen los 600 kilovatios hora: 30%
Telefonía residencial y móvil: 30%
Agua potable: 30%
Televisión por cable e internet: 30%
Tasa de aseo residencial, si el contrato está a nombre del beneficiario y corresponde a su vivienda principal: 20%
Cargo fijo del servicio telefónico residencial, bajo las condiciones establecidas en el proyecto: 30%
Ataúdes, urnas y servicios funerarios cuando el fallecido sea jubilado, pensionado o adulto mayor: 25%
Pañales para adultos: Exoneración de los impuestos de importación y de transferencia de bienes y servicios
Gastos notariales en trámites vinculados con viviendas que cumplan los requisitos del régimen de interés preferencial: 20% del cargo fijo
Gastos de registro en trámites vinculados con viviendas que cumplan los requisitos del régimen de interés preferencial: 20% del cargo fijo
Alquiler, reparación y asistencia para equipos de movilidad y apoyo personal, como sillas de ruedas, andaderas y camas hospitalarias: 20%
Adecuaciones básicas en la vivienda principal para mejorar la movilidad y seguridad, como rampas y barras de apoyo: 15%
Bolsas para ostomía, colostomía y sondas urinarias, con receta médica: Exoneración de los impuestos de importación y de transferencia de bienes y servicios
El proyecto también contempla beneficios para las propiedades de asociaciones, federaciones y confederaciones de jubilados y pensionados en servicios como electricidad, agua, internet, televisión por cable, apartado postal, tasa de valorización e impuesto de inmueble, de acuerdo con las condiciones que establezca la ley.
De acuerdo a un nuevo articulo de la ley, los descuentos no se aplicarían a consultas, exámenes, laboratorios, medicamentos e insumos médicos suministrados en instalaciones públicas del Ministerio de Salud, ni a servicios y bienes de asistencia social gestionados por los comités regulados por el Decreto de Gabinete 401 de 1970.
La prioridad de atención en las instalaciones públicas seguirá sujeta a los criterios científicos y protocolos sanitarios de clasificación de pacientes.
Guillermo Cortés.Farmacias advierten sobre sus costos
Durante la discusión, representantes del sector farmacéutico expusieron sus preocupaciones sobre la capacidad de los establecimientos, especialmente los pequeños negocios, para asumir los descuentos.
Orlando Pérez, de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacias, valoró que la comisión escuchara sus planteamientos, pero advirtió que las condiciones actuales del sector son distintas a las de años anteriores.
Pérez también cuestionó que se impongan descuentos a un segmento de comercios cuando los consumidores ya cuentan con distintas opciones en el mercado.
“En este país existe la oferta y demanda, ya hay grandes farmacias que ofrecen el 30%, 40% menos, ¿por qué tenemos que obligar a un segmento, a las pequeñas farmacias, a dar un 25% cuando estamos en un país de libre oferta y demanda? La población tiene la opción de comprar donde le guste”, manifestó.
Jubilados esperan que la ley avance
Por su parte, Guillermo Cortés, representante de los jubilados, consideró que la propuesta fue discutida y consensuada, aunque reconoció que algunos beneficios fueron reducidos o eliminados durante las conversaciones.
“Sí, en muchos aspectos sí se ha contemplado mantenerlos; otros, como en este tipo de conversación, se han reducido, otros han eliminado”, explicó.
Cortés espera que el proyecto avance en los próximos debates y llegue al Ejecutivo para su sanción y promulgación. Durante la discusión expresó su aspiración de que el proceso concluya antes del 31 de octubre.
“Espero que tanto el comercio como los jubilados quedemos contentos con lo que sea aprobado hoy”, señaló.
Incentivos y multas
La propuesta establece que los descuentos otorgados por los comercios puedan reconocerse como crédito fiscal del impuesto sobre la renta, con un reconocimiento del 100% y la posibilidad de transferir esos créditos a partir de enero de 2027.
Además, contempla sanciones graduales y proporcionales de entre $500 y $10,000 para quienes incumplan los descuentos establecidos.
El proyecto aún debe pasar por la aprobación del pleno en la Asamblea Nacional para luego recibir la sanción presidencial.
