El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por unanimidad la creación de un fondo de compensación por retiro dirigido a jueces y magistrados del Órgano Judicial. La decisión, formalizada mediante el Acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024 y publicada en Gaceta Oficial el 8 de agosto de 2025, busca fortalecer la independencia e imparcialidad de la judicatura, además de mejorar las condiciones laborales de quienes ejercen funciones jurisdiccionales.
Según el documento, el objetivo es garantizar un retiro digno para los funcionarios judiciales e incentivar la renovación del recurso humano dentro del sistema, manteniendo la continuidad de los planes institucionales. De los 519 jueces y magistrados que integran el Órgano Judicial, 133 (26 %) cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación. El impacto presupuestario estimado es de 0.26 % del presupuesto institucional.
Detalles del beneficio
A partir de la entrada en vigencia, quienes alcancen el derecho a jubilación podrán recibir una compensación económica calculada con base en el último salario devengado, complementada por la institución tras descontar el monto cubierto por la Caja de Seguro Social (CSS).
La escala de compensación será:
Magistrados de la Corte Suprema: 100 % del último salario devengado. Si culminan su periodo constitucional o se retiran antes de cumplir requisitos de jubilación, conservarán el derecho a la compensación una vez se jubilen.
Magistrados de Tribunales Superiores: 60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión de la CSS.
Jueces de Circuito: 50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión de la CSS.
Jueces Municipales: 40 % de la diferencia entre el último salario y la pensión de la CSS.
Fundamentos y antecedentes
La Corte sustentó la medida en disposiciones constitucionales y en acuerdos internacionales como el Protocolo Iberoamericano sobre Independencia y Responsabilidad Judicial (2021), que destaca la importancia de garantizar condiciones laborales estables y adecuadas para el ejercicio judicial.
Asimismo, recordó que la Ley 316 de 2022 y el marco jurídico vigente restringen las actividades laborales, comerciales y empresariales de jueces y magistrados, así como de sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, lo que refuerza la necesidad de compensaciones acordes a la responsabilidad del cargo.
Con esta decisión, la CSJ busca no solo reconocer la trayectoria de sus funcionarios, sino también asegurar que la judicatura panameña cuente con garantías económicas que respalden su independencia.
