La investigación por presuntos abusos contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen sumó un nuevo avance judicial. Un juez de garantías autorizó al Ministerio Público a revisar material digital clave como audios, videos, imágenes y correos electrónicos relacionados con el caso.
La decisión fue tomada por el juez del Primer Circuito Judicial de Panamá, Fermín Bonilla, durante una audiencia realizada el lunes 16 de marzo, en la que se evaluaron tres solicitudes presentadas por la fiscalía. Todas estaban vinculadas con el rol que ejerció Ana Fábrega al frente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
Fábrega, quien renunció al cargo el pasado 3 de marzo, fue denunciada por la diputada Alexandra Brenes por posibles delitos contra menores en el albergue de Tocumen. Tras analizar los planteamientos, el juez concluyó que las solicitudes del Ministerio Público cumplían con los requisitos legales y fueron presentadas dentro del tiempo establecido, por lo que autorizó el uso del material extraído de dispositivos y cuentas digitales como evidencia.
En la audiencia participaron la fiscal Elisa Arosemena, la abogada Tania Castillo, en representación de Fábrega, y la defensora pública Shantal Acevedo, quien actuó en nombre de las víctimas.
El proceso se originó en febrero de 2026, luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en albergues bajo custodia del Estado, con especial atención en el CAI de Tocumen, donde se reportaron condiciones de abandono y fallas en la aplicación de protocolos de protección a menores.
En medio de este escenario, la Asamblea Nacional ratificó a Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Senniaf, en reemplazo de Fábrega, en un intento por reordenar la institución mientras avanzan las investigaciones.
