¡La cuenta regresiva ha comenzado! El escandaloso juicio por el caso PAN-Granos entra en su tercera y última semana, y la tensión no da tregua. El lunes 24 de marzo, en el Palacio Gil Ponce, arrancaron los alegatos finales de los abogados defensores de 11 imputados que buscan limpiar el nombre de sus clientes en medio de uno de los casos de peculado más impactantes de los últimos años.
Con tono firme y argumentos técnicos, los abogados Guillermina McDonald, Ricardo Vial, Raúl Almanza y Abilio Batista pidieron sentencias absolutorias, sosteniendo que sus representados cumplieron con la entrega de productos, pagos y órdenes pactadas en los contratos con el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). Incluso cuestionaron la legalidad de algunas diligencias de la Fiscalía, solicitando la nulidad de indagatorias supuestamente fuera de término, así como el desbloqueo de bienes y cuentas bancarias actualmente embargadas.
Por otro lado, el Ministerio Público, representado por los fiscales Edwin Juárez, Ariel De Gracia y Ada Almanza, ya presentó sus alegatos, solicitando sentencias absolutorias para 19 imputados y condenas para otros 25 como cómplices del delito de peculado doloso agravado. Entre los implicados destacan figuras clave del ámbito político y empresarial, lo que ha generado un fuerte interés público.
Pero mientras se desarrollaban estas estrategias legales, una confesión estremeció al tribunal y a la opinión pública: el pasado lunes 10 de marzo, el empresario Mario Martinelli Berrocal, hermano del expresidente Ricardo Martinelli, admitió su participación en el delito de peculado. El empresario llegó a un acuerdo de pena con la Fiscalía, comprometiéndose a devolver $2.3 millones al Estado y aceptar 40 meses de prisión conmutables, a cambio de colaborar con la justicia. Su nombre figura en el caso por haber sido socio capitalista de Hialing Corporation, una de las empresas que vendió arroz, frijoles y lentejas al PAN con sobrecostos exorbitantes que desangraron fondos destinados a alimentar a escolares de comunidades vulnerables.
El caso se remonta al informe 073-003-2015 de la Contraloría, que identificó una lesión patrimonial superior a $12.3 millones, señalando que empresas como Hialing Corporation y Vafepa S.A. cobraron precios inflados por alimentos que debían llegar a escuelas en pobreza extrema. Aunque la Fiscalía ya solicitó absoluciones para 19 imputados, también exige condenas para otros 25, entre ellos exministros, empresarios y funcionarios.
Este martes 25 de marzo, cinco defensores más tomarán la palabra en una audiencia que ya está marcada como histórica. El país sigue pendiente: ¿Veremos justicia... o será otro capítulo de impunidad dorada?
