Julio Iglesias ha decidido pasar al contraataque. El artista presentó esta semana una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, por las declaraciones que realizó en redes sociales y en una entrevista televisiva en las que lo calificó de “abusador sexual” y aludió a una supuesta “estructura de poder basada en la agresión permanente”.
La acción judicial, paso previo obligatorio antes de interponer una querella por calumnias o injurias, se produce después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivara en enero, por falta de competencia, la denuncia presentada por dos extrabajadoras del cantante por presunta agresión sexual.
Según el escrito presentado por la defensa de Iglesias, encabezada por el penalista José Antonio Choclán, Díaz realizó manifestaciones “injuriosas” al atribuirle directamente la condición de “abusador sexual”, así como mantener empleadas en un régimen de “esclavitud”. El cantante solicita que la vicepresidenta se retracte públicamente, reconozca “el daño causado” y lo indemnice por los perjuicios derivados de la difusión de sus declaraciones.
Los abogados ponen el foco en un mensaje publicado el 13 de enero en la red social Bluesky, donde Díaz escribió: “Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”. Al día siguiente, en una entrevista en el programa La Hora de la 1, afirmó que la investigación conocida “da terror” y habló de “vulneraciones de derechos humanos” sufridas por mujeres en situación de “inferioridad extrema”, aunque también se refirió al cantante como “presunto agresor”.
La defensa del artista sostiene que la vicepresidenta vulneró el derecho a la presunción de inocencia, tanto en su dimensión procesal como social, y que emitió “claros prejuicios de culpabilidad” pese a que Iglesias “nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso”. El escrito recuerda además la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el impacto que pueden tener las declaraciones de autoridades públicas en la reputación de una persona.
Paralelamente, los abogados del cantante han solicitado a la Fiscalía acceso íntegro a las actuaciones practicadas antes del archivo del caso, con el fin de estudiar posibles acciones adicionales, incluida la eventual existencia de un delito de denuncia falsa.
Tras conocerse la demanda, Yolanda Díaz respondió en Bluesky: “Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”.
El conflicto, ahora trasladado al terreno judicial, abre un nuevo capítulo en una polémica que combina acusaciones graves, libertad de expresión y el alcance de la presunción de inocencia cuando intervienen altos cargos públicos.
(Con información de www.elpais.com)
