El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, para que responda un cuestionario de 42 preguntas sobre las presuntas irregularidades en los albergues administrados por la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). La decisión fue respaldada por 34 votos a favor, con una abstención y un voto en contra, marcando un hito en una investigación que ha generado gran alarma pública por denuncias de abusos, negligencias y fallas institucionales.
La citación fue impulsada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, quien denunció irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. Según Brenes, las denuncias sobre abuso sexual, maltrato a menores e incumplimiento de deberes dentro de la Senniaf fueron ignoradas por los funcionarios responsables.
A pesar de que la propuesta fue rechazada en dos ocasiones previas por diputados de distintos partidos, Brenes logró que se volviera a someter a votación, alcanzando finalmente el apoyo necesario para que la ministra Carles comparezca ante el pleno legislativo.
El cuestionario aprobado por la Asamblea incluye preguntas clave sobre la cantidad de albergues activos, la supervisión y control de estos, las sanciones impuestas, los perfiles del personal y las auditorías internas. También se indaga sobre denuncias registradas, protocolos de protección y las medidas correctivas implementadas. El objetivo es establecer responsabilidades institucionales desde julio de 2024 hasta la fecha, periodo en el que se habrían acumulado alertas sin respuestas efectivas.
Brenes, además, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público el 6 de febrero, sustentada en correos electrónicos, informes y reportes internos que advertían sobre las irregularidades sin recibir respuesta por parte de las autoridades competentes. La diputada señaló que durante su visita al CAI de Tocumen, encontró condiciones que no cumplen con los estándares mínimos de protección, y posibles omisiones administrativas en el manejo de los casos.
