El sonado proceso que involucra al exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, a los empresarios Budy y Ralph Attie, y a la abogada Janice Becerra, dio un giro inesperado este jueves 28 de agosto:
el juez de garantías Luis Ceballos ordenó la imputación de cargos contra el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, la abogada Janice Becerra y el empresario Budy Attie, señalándolos por los presuntos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
Como medida cautelar, el juez dispuso que acudan a firmar dos veces cada mes y no puedan abandonar Panamá.
Además declaró ilegal la aprehensión de los cuatro señalados.
La audiencia se celebró en el Sistema Penal Acusatorio, en Plaza Ágora, y estuvo marcada por momentos de tensión. Durante la diligencia, el empresario Ralph Attie sufrió quebrantos de salud y tuvo que ser trasladado a un centro médico. Tras estabilizarse, el acto continuó con la exposición de la fiscal Tania Starlin, quien defendió la aprehensión bajo el argumento de que los indiciados habían proporcionado varias direcciones domiciliarias, lo que generó dudas sobre su paradero.
La defensa refutó esta versión, asegurando que sus clientes siempre han mostrado disposición para colaborar con las investigaciones. Finalmente, el juez dio la razón a los abogados y decretó ilegal la medida de aprehensión, aunque el proceso penal en su contra continúa en curso.
El fondo del caso
La investigación gira en torno al manejo de la Plataforma Integradora de Medios de Pago del Estado, un sistema que fue utilizado en plena pandemia de covid-19 para ejecutar programas sociales como el Vale Digital y el Pase-U.
Según las pesquisas, los datos de la AIG y del Tribunal Electoral fueron migrados hacia plataformas vinculadas al grupo Attie, pese a que no existía contrato ni convenio oficial con el Estado.
La fiscalía sostiene que, además, las empresas cobraban una comisión de 0.5% por cada transacción realizada por los comercios afiliados al sistema de AIG cuando se hacían efectivos los vales digitales entregados durante la pandemia.
El operativo en Parque Lefevre
La aprehensión de Oliva, los hermanos Attie y Becerra se había ejecutado la mañana del miércoles 27 de agosto, durante un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público en un apartamento ubicado en Parque Lefevre.
Sin embargo, esa actuación quedó sin efecto tras la decisión del juez de este jueves, que determinó que la aprehensión fue realizada de forma irregular.
Lo que viene
Pese al revés judicial, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para determinar si hubo delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.
