En Panamá, ocho de cada diez personas tienen mascotas, según datos de empresas consultadas. Sin embargo, la realidad para muchos animales es mucho más sombría, con más de 500,000 animales domésticos en situación de calle y abandono. Rescatistas hacen un llamado urgente a los alcaldes electos para que se cumpla la ley y se tomen medidas efectivas para abordar esta crisis.
La escena de perros y gatos hambrientos buscando desesperadamente comida entre la basura se ha vuelto demasiado común. Estos animales, con sus costillas visibles y ojos tristes, son un testimonio del sufrimiento y la negligencia que enfrentan diariamente. Muchos de ellos tienen heridas abiertas o cojean debido a enfermedades o lesiones no tratadas, una evidencia más de la violencia y el maltrato que padecen.
Desde 2012, la Ley 70 de protección de animales domésticos prohíbe el maltrato animal en Panamá. Sin embargo, los casos de crueldad y abandono continúan aumentando. Entre 2021 y 2023, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Ambientales recibió 591 denuncias de maltrato animal. Hasta abril de 2024, ya se habían registrado 58 denuncias adicionales. En las redes sociales, miles de casos más son reportados por ciudadanos preocupados.
Organizaciones y rescatistas, como Yina de “Grupo Huellas”, lidian diariamente con estas denuncias, tratando de salvar a los animales en condiciones deplorables. A pesar de sus esfuerzos, la aplicación de las leyes ha sido insuficiente. La Ley 138 de 2020, que establece el Programa de Bienestar Animal Municipal, es una iniciativa positiva en teoría, pero su implementación ha sido prácticamente inexistente.
Yina, que ha dedicado ocho años a rescatar, esterilizar y dar en adopción a animales, denuncia que los departamentos de Bienestar Animal de los municipios no cumplen con sus funciones. Los fondos necesarios para implementar programas de esterilización y campañas de vacunación son escasos, y la falta de compromiso de las autoridades es evidente.
La ley establece que los municipios deben crear programas para promover el bienestar animal, capacitar a la población sobre la tenencia responsable de mascotas y ejecutar campañas de esterilización y vacunación. Sin embargo, la falta de fondos y el desconocimiento de las autoridades locales han impedido que estas disposiciones se cumplan.
La situación es particularmente grave en los distritos con mayor densidad de población, como La Chorrera, Arraiján, San Miguelito y Panamá. Estos municipios deberían ser los primeros en implementar programas de bienestar animal, pero la realidad es que el maltrato y abandono de animales continúan sin control.
La Ley 70 de Protección de Animales Domésticos establece penas de hasta cuatro años de cárcel para quienes provoquen la muerte o lesiones graves a un animal. No obstante, las autoridades han mostrado poco interés en hacer cumplir esta ley. Hasta ahora, solo tres personas han sido condenadas por delitos contra animales domésticos, a pesar de las numerosas denuncias recibidas.
El maltrato animal no debe ser visto como un problema aislado. Expertos en psicología y criminología advierten que la violencia contra los animales puede ser un precursor de una violencia más amplia en la sociedad. Ignorar este problema es ignorar un síntoma de un mal mayor que afecta a nuestra comunidad.
Es crucial que los alcaldes electos y las autoridades municipales tomen medidas inmediatas para cumplir con las leyes de protección animal. Necesitamos una implementación efectiva de la Ley 138 de 2020 y un compromiso real para financiar y ejecutar programas de bienestar animal. Los animales no pueden seguir sufriendo por la inacción y la negligencia de las autoridades.
Levantemos nuestras voces, denunciemos, participemos y exijamos un cambio. La protección de los animales es una responsabilidad de todos y no podemos permitir que continúe el maltrato y abandono. Es hora de que las autoridades cumplan con su deber y garanticen un trato digno para todos los animales en Panamá.
