La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada tendrá un año más para investigar a Genaro López, Saúl Méndez y otros dirigentes del Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) procesados por la supuesta apropiación de 14 fincas en el proyecto turístico Red Frog, en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.
La prórroga fue concedida en una audiencia celebrada este jueves 12 de noviembre.
Para lograrlo, la fiscalía tuvo que recurrir al Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, luego de, el pasado 14 de mayo, un juzgado se negara a extender el plazo de investigación. Finalmente, el 28 de septiembre, el Tribunal Superior concedió un amparo de garantías constitucionales a la fiscalía, lo que revocó la negativa del juzgado.
El origen del conflicto
Las 14 fincas suman un área total de 33,712 metros cuadrados y fueron entregadas por Pillar Construction, S.A. (que cambió su nombre a Bastimentos Holding) para compensar a 412 trabajadores que participaron en una huelga —declarada legal por el Ministerio de Trabajo— llevada a cabo del 5 de febrero de 2007 al 14 de octubre de 2008.
El 30 de agosto de 2011, el Juzgado de Trabajo de la Quinta Sección de Changuinola condenó a Pillar Construction a pagar $5.8 millones en salarios caídos y casi $1.2 millones.
Un año después, ante la imposibilidad de efectuar el pago en efectivo, la empresa logró un acuerdo extrajudicial para saldar la deuda mediante el traspaso de unas fincas que, en ese momento, supuestamente tenían un valor de $3 millones. En dicha negociación, los 412 trabajadores estuvieron representados por el Suntracs, a pesar de que algunos de los beneficiarios ni siquiera estaban afiliados al sindicato.
Por esta razón, cuando las fincas fueron traspasadas, se registraron a nombre de Suntracs.
Estas propiedades, que en teoría pertenecen a los 412 obreros de Red Frog, fueron utilizadas como garantía de un préstamo que el sindicato solicitó a su propia cooperativa (ya clausurada por las autoridades), denominada Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs.
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