La mina, ubicada en Donoso y Omar Torrijos, provincia de Colón, lleva cerrada desde noviembre de 2023, tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema que anuló el contrato minero.
Mulino fue enfático: no habrá nuevo contrato ley ni tampoco pasará por la Asamblea Nacional.“La mina es de Panamá y de los panameños, de más nadie”, sentenció el mandatario en su última conferencia.
Ante esta postura, Tristán Pascall, director ejecutivo de First Quantum, confirmó que están listos para sentarse a negociar, pero advirtió que si no se logra una solución, la empresa podría reactivar los arbitrajes que reclaman una compensación superior a los 20 mil millones de dólares.
“El arbitraje no es nuestra opción preferida, pero sigue sobre la mesa”, dijo Pascall a los analistas de mercado en una llamada reciente.
El CIAM responde y advierte
Mientras el gobierno y la minera preparan el terreno para negociar, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) recordó que cualquier intento de reactivar la minería metálica a cielo abierto choca con el fallo de la Corte Suprema y con el clamor popular expresado en las calles en 2023.
El CIAM advirtió que, sin importar el mecanismo que se use (sea asociación público-privada o cualquier otro), reactivar la mina sería ignorar derechos ambientales y abrir un nuevo conflicto social.
El impacto de la paralización
Desde que Cobre Panamá suspendió sus operaciones, el país ha dejado de percibir más de 500 millones de dólares en impuestos, regalías y otros aportes, según datos de First Quantum.
La empresa calcula que, si logran un acuerdo, podrían recuperar el 80% de su producción en un plazo de seis a nueve meses, mientras que la plena capacidad de 100 millones de toneladas anuales tomaría más tiempo.
Además, recordaron que la mina movía cerca de 20 millones de dólares semanales en compras a empresas panameñas y generaba más de 5,000 empleos directos y 40,000 indirectos.
Por ahora, todo queda en suspenso, a la espera del llamado formal del gobierno para abrir oficialmente la mesa de diálogo.
