La Universidad de Panamá, encabezada por su rector Eduardo Flores Castro, se ha puesto en el centro del debate nacional al ofrecerse como mediadora neutral en la crisis social y política que atraviesa el país, especialmente por el conflicto generado por la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS).
Flores Castro anunció que la universidad ha puesto a disposición su Escuela Interamericana de Diálogo Social y todas sus instalaciones, tanto en el campus central como en los centros regionales, para facilitar un diálogo abierto y constructivo entre las partes enfrentadas. Aunque el gobierno aún no ha respondido formalmente, varios grupos sociales y sindicales ya han mostrado interés en la propuesta.
El rector fue claro al rechazar la criminalización de las protestas, insistiendo en que “las medidas intimidatorias no son el camino” y que lo que el país necesita es diálogo genuino y voluntad de entendimiento. También defendió el derecho a la protesta, aunque hizo un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y sin violencia, como corresponde a los universitarios.
Flores Castro expresó su preocupación por la falta de debate en la aprobación de la Ley 462, lamentando que las observaciones de la universidad no fueran tomadas en cuenta. Propuso la creación de mesas técnicas especializadas para revisar los puntos más polémicos de la ley.
Sobre el tema minero, el rector pidió estudios independientes sobre los impactos ambientales de los nuevos contratos y advirtió sobre la importancia de tomar decisiones sobre los recursos naturales con un debate nacional serio.
Finalmente, Flores Castro recordó que disentir no convierte a la universidad en enemiga del gobierno, sino que la obliga a señalar lo que considera injusto. Destacó, además, el aporte académico de la institución, que publica más de 240 artículos científicos al año y mantiene su liderazgo en investigación a nivel nacional.
