El exministro de Obras Públicas Federico José “Pepe” Suárez fue condenado a 16 años de prisión por un delito contra la administración pública, en la modalidad de distintas formas de peculado, dentro de un proceso relacionado con dos millonarios proyectos viales ejecutados durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La condena consta en la Sentencia N.° 1 del 18 de agosto de 2026, dictada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, que declaró penalmente responsable al exfuncionario en calidad de autor.
Dos millonarios proyectos bajo la lupa
El proceso acumuló las investigaciones por el proyecto de Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá, en el Casco Antiguo, y la ampliación de la avenida José Domingo Díaz.
El Órgano Judicial confirmó que el juicio por ambos expedientes concluyó el pasado 11 de marzo, luego de varios días de audiencia ante el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
Durante el juicio, la Fiscalía Anticorrupción pidió una sentencia condenatoria contra Suárez al considerar que existían elementos para responsabilizarlo como autor de peculado doloso agravado.
La tesis del Ministerio Público sostuvo que los proyectos fueron licitados con sobrecostos que, en conjunto, superaban los B/.90 millones. La investigación se apoyó, entre otros elementos, en informes de auditoría de la Contraloría General de la República.
Millonaria lesión señalada en las auditorías
Según los datos presentados durante el juicio, las auditorías calcularon en aproximadamente B/.51.4 millones las irregularidades relacionadas con Patrimonio Histórico y en B/.47.3 millones las correspondientes a la ampliación de la avenida Domingo Díaz.
El proyecto de Patrimonio Histórico fue adjudicado a un consorcio integrado por Odebrecht y FCC, mientras que la ampliación de Domingo Díaz estuvo en manos del consorcio ICA-Meco.
Las investigaciones se remontan a 2017 y abarcaron documentación bancaria, declaraciones de funcionarios y exfuncionarios, así como información procedente del MOP, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría.
