La Defensoría del Pueblo mediante oficio N°7358c-2023 ha solicitado en un plazo no mayor de 5 días hábiles a la Policía Nacional, responder cuáles son los efectos que puede provocar a las personas el gas lacrimógeno utilizado después de la fecha de expiración, dado que en las recientes protestas sociales manifestantes y personal de la Defensoría evidenciaron dichos dispersores.
Asimismo, el oficio pide a la entidad policial aclarar que controles mantiene la institución con relación a las armas no letales que manejan para salvaguardar la vida de las personas al momento de ser utilizadas.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) igualmente realiza gestiones con entes privados especializados para tener otras opiniones sobre las posibles consecuencias del uso de dispersores de gases lacrimógenos con fechas vencidas.
Además, insta a algún organismo o empresas que pueda colaborar en la realización de los estudios correspondientes para esclarecer las posibles afectaciones a las personas.
