Una vez más, la transparencia en las contrataciones públicas queda en entredicho, y esta vez le tocó al mismísimo Órgano Judicial. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ordenó suspender una licitación de $1.8 millones para divulgar la Ley 402 del Código Procesal Civil, luego de que una empresa denunció que los requisitos parecían hechos “a la medida” para un competidor.
¿Cómo así? La empresa Q, S.A. metió la queja y prendió la alarma: el pliego exigía que se presentaran cinco certificaciones comerciales, incluyendo una específicamente relacionada con reformas judiciales. ¡Ajá! ¿Y quién más que una empresa ya conectada iba a tener eso?
Según Q, este filtro dejaba por fuera a muchos y beneficiaba a uno que, casualmente, habría tenido a un exfuncionario clave en la reforma judicial entre sus filas. ¿Coincidencia? No lo creemos.
Y como si fuera poco, el pliego también estaba lleno de contradicciones: pedían estudios específicos, pero los llamaban “deseables”; solicitaban certificaciones, pero sin claridad. Q lo dijo claro: “Esto limita la participación y le sale más caro al Estado”.
La DGCP no se quedó dormida y este martes lanzó la orden: ¡Corrijan el pliego!. El Órgano Judicial debe ajustar los requisitos para que la competencia sea real, no un teatro armado para uno solo.
La reunión de homologación, que se dio en febrero, ya había encendido las alertas. Pero no pasó nada... hasta ahora. El proceso de recepción de propuestas estaba programado para el 4 de abril, pero con esta jugada, el contrato millonario queda en pausa.
¿Hasta cuándo los contratos amañados? Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando que la justicia no solo se predique... sino que también se practique.
