Un proyecto de ley sobre la primera infancia aprobado por la Asamblea Nacional (AN) pretendía “proteger” a los menores “desde la concepción”, un término que finalmente fue eliminado y que revivió una discusión liderada por grupos feministas sobre el aborto.
El borrador del proyecto de ley 155 aprobado por los diputados, indica “se aplicará para la protección integral de los derechos de los niños y niñas en la primera infancia en todo el territorio de Panamá, tanto en el ámbito público como privado o particular”, y comprenderá desde “los primeros ocho años de vida”.
Se destinarán fondos “directamente a la niñez para educación, salud, deducción de impuestos para gastos escolares, y tiene artículos importantes para madres cuidadoras que podrán recibir ayuda económica para laborar y cuidar a sus hijos”, explicó la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, la diputada Zulay Rodríguez.
Asociaciones feministas afirmaron que durante el debate parlamentario los diputados no escucharon a este sector y “quisieron hacer una serie de reformas” que no iban acorde con el objetivo original, dijo una de sus representantes, Alibel Pizarro, en representación de varias de estas asociaciones de mujeres.
La iniciativa legislativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y debe ser sancionada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y publicada en gaceta para su entrada en vigor.
EL TEMA DEL ABORTO SOLAPADO
Casi una treintena de asociaciones de mujeres firmaron una declaración conjunta en la que desaprobaban el reconocimiento de una persona “desde la concepción”; sobreponer a los padres como protectores de los menores por encima del Estado, y" poner como principal institución el Ministerio de la Presidencia, que ha manejado presupuestos directos para salud con muchos cuestionamientos".
Así lo explicó Pizarro, en representación de varias de estas asociaciones, quien especificó que no se les permitió participar en el debate a pesar de haber entregado el documento a la Asamblea.
Usuarios en redes sociales y periodistas en medios tradicionales cuestionaron si la inclusión del término “desde la concepción” para definir a la primera infancia podría obstaculizar una eventual ley del aborto libre, y si esto podría abrir la puerta a penalizar -más- la interrupción al embarazo.
La Convención de los Derechos del Niño, que Panamá firmó en 1989, establece que “se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años”, lo que hubiese contradicho legalmente el término “desde la concepción”.
“Ese término (desde la concepción) fue eliminado porque habían grupos que se oponían y los asesores nos comentaron que los organismos internacionales como la ONU no iban a dar la ayuda si se mantenía el concepto”, explicó la diputada Rodríguez.
Pizarro señaló que “si se hubiese incluido la frase definiendo la primera infancia como desde la concepción hasta los ochos años de vida se hubiese creado un precedente no existente en Panamá”.
“No existe una normativa en la que se defina así la infancia, sino que en la Constitución y en el Código de Familia una persona natural adquiere derechos después de su nacimiento”, explicó.
En Panamá “la norma es muy clara: no existe aborto o interrupción voluntaria del embarazo legal aceptada”, un hecho con el que la mayoría de la población está de acuerdo, así como en sus tres excepciones, “cuando peligra la vida de la mujer, cuando el producto de la concepción no es compatible con la vida, y en casos de violación”.
“Queremos que se proteja a la mujer embarazada, que se le garantice su alimentación, atención, sus pruebas, nutrición y en el caso de las mujeres trabajadores su licencia maternidad”, señaló Pizarro.
UNA BUENA PROPUESTA
Las asociaciones feministas consideraron que el proyecto finalmente aprobado es “muy buena propuesta”.
La ley recoge que “el acceso, garantía y cumplimiento no estarán supeditados a consideración o circunstancia alguna, pero siempre teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables del niño o niña ante la Ley”.
“La ley panameña recoge el interés superior del menor, cuando un niño o niña está en riesgo el Estado tiene velar por su bienestar más allá de la responsabilidad de sus padres”, según Pizarro.
Por su parte, la diputada Rodríguez señaló que “la familia es el pilar de una sociedad y los padres tienen el derecho de orientar a sus hijos”.
