La junta comunal de Ancón quedó en el centro de una nueva tormenta luego de que la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) realizaran un allanamiento como parte de una investigación por presunto peculado, mal uso de fondos públicos y acoso laboral.
Las diligencias se desarrollaron este viernes tras varias querellas presentadas contra la representante Yamireth Batista, del Movimiento Otro Camino (MOCA), quien actualmente enfrenta señalamientos relacionados con supuestas irregularidades en el manejo de recursos estatales.
De acuerdo con las denuncias interpuestas por exfuncionarios, fondos de la junta comunal presuntamente habrían sido utilizados para remodelaciones de un apartamento, pagos de viajes, celebraciones, alquileres y compras personales.
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Fotos: Gabriel Rodríguez La fiscal Adela Cedeño confirmó que hasta el momento se han presentado tres denuncias por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, específicamente por supuesto peculado en perjuicio del Estado relacionado con el manejo de recursos de la junta comunal.
La funcionaria detalló que las diligencias incluyeron allanamientos e inspecciones oculares tanto en la residencia de la representante como en la junta comunal, donde se revisaron documentos vinculados a compras, adquisiciones de bienes y materiales.
Además, explicó que las investigaciones apenas están iniciando y que actualmente se encuentran recabando elementos para determinar si existió conducta delictiva.
Cedeño también indicó que ya se obtuvo documentación que podría servir dentro del proceso, aunque aclaró que todavía no existe un cálculo sobre una posible lesión económica al Estado.
Como parte del contexto de esta investigación, Yamireth Batista reapareció el pasado 5 de mayo durante una sesión del Concejo Municipal, luego de varios días de presión política y mediática.
Fotos: Gabriel Rodríguez En declaraciones dadas a TVN Noticias, aseguró que responderá “oportunamente” ante las autoridades y sostuvo que todos sus bienes son producto de su salario y trabajo.
Las acusaciones han sido impulsadas principalmente por el exadministrador de la junta comunal, José Luis Barrera, quien aseguró que presuntamente se utilizaron vehículos, personal y recursos estatales para remodelaciones en una residencia ubicada en Condado del Rey.
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— Mi Diario Panamá (@MiDiarioPanama) May 8, 2026
