Se acabó el relajo.
El pasado 24 de enero del 2022, la presidenta de la Corte, María Eugenia López, emitió una circular para que todos los funcionarios del Órgano Judicial, sin excepción, marquen sus ocho horas de trabajo.
La medida es apoyada por la nueva junta directiva de la Corte, pero de inmediato “saltaron” los magistrados, jueces y defensores públicos para que a ellos no se les aplicara la medida porque no es cónsona con el grado de responsabilidad, según ellos.
Pero en diferentes notas remitidas a Ruby Ibarra Santana, presidenta de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueves y a Fernando Levy, presidente encargado de la Asociación Nacional de Defensores Públicos, la magistrada presidenta de la Corte les ratificó que su solicitud de reconsideración no procede y deberán marcar la entrada y la salida al llegar a sus puestos de trabajo.
La nota lleva la firma de la magistrada presidenta María Eugenia López, el magistrado Olmedo Arrocha, vicepresidente y Carlos Vásquez Reyes, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.
LEA TAMBIÉN: Comisión de Gobierno comienza debate del proyecto de extinción de dominio
En el documento, se reconoce el trabajo de los magistrados, jueces, y defensores públicos y jefes de despacho, pero deja claro que la medida no riñe con la responsabilidad que deben tener los funcionaros públicos.
EN OTRAS ACTIVIDADES
También reconoce, que aunque no es la mayoría, se daba la situación, en casos aislados, que funcionarios del Órgano Judicial se encontraban en actividades que no estaban relacionadas con sus funciones.
La medida busca mejorar la imagen del Órgano Judicial y advierte que la medida de marcación en nada riñe con el cumplimiento de las responsabilidades porque además rige también para el personal administrativo y de apoyo al sistema de administración de justica.
Esta medida como el impulso a la Carrera Judicial busca aplicar la nueva junta directiva de la Corte, que tomó posesión en enero de este año.
Los gremios de los magistrados, jueces y defensores públicos ya recibieron formalmente la respuesta a su solicitud, que además añade, que no procede porque se busca un mejor servicio y calidad en la administración de justicia.
