Con 42 votos a favor y cero en contra, la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 176, que modifica la Ley 244 de 2021 para permitir el acceso público al Registro Oficial de Ofensores Sexuales.
Hasta ahora, este listado existía, pero estaba blindado por dos artículos que lo mantenían bajo reserva exclusiva de las autoridades. La nueva norma busca que la información esté disponible para todos los ciudadanos como una medida de prevención, protección y transparencia.
La iniciativa fue presentada por la diputada Paulette Thomas, quien celebró la aprobación y destacó que se trata de un paso histórico en la lucha contra los delitos sexuales.
Destacó que, con esta aprobación, el país finalmente contará con una herramienta al alcance de toda la ciudadanía para enfrentar el grave problema de las violaciones y abusos sexuales que afectan a menores, adultos, personas mayores y personas con discapacidad.
La diputada añadió que este registro permitirá a las familias reconocer con quién conviven en sus comunidades, empoderando a la ciudadanía para protegerse.
El sistema, que estará bajo la administración del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), deberá mantener actualizada la información de todos los mayores de edad que hayan sido condenados por delitos sexuales, trata de personas con fines de explotación o tráfico de menores.
Durante la sesión del pleno de este 2 de octubre, ningún diputado intervino en el debate, por lo que el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, procedió directamente a la votación.
La aprobación se da en un año en que, hasta julio de 2025, se han presentado más de 3,300 denuncias por delitos sexuales, según cifras compartidas durante la sustentación del proyecto.
A esto se suma que desde junio pasado entraron en vigor reformas al Código Penal que aumentaron las condenas por violación y otros delitos contra la libertad e integridad sexual. Ahora, las penas pueden llegar hasta 25 años de cárcel en casos agravados, como cuando la víctima queda embarazada, sufre daños físicos graves, es menor de edad o el delito es cometido por figuras de autoridad.
Tras la aprobación en tercer debate, el proyecto pasa al Ejecutivo, donde el presidente José Raúl Mulino tendrá que decidir si lo sanciona y lo convierte en ley o si lo veta.
Con esta medida, Panamá se acerca a sumarse a los países que cuentan con un registro público de ofensores sexuales, marcando un cambio clave en la forma en que se combate este tipo de delitos.
