La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional aprobó este lunes los nombramientos de Gisela del Carmen Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos Jaén como magistrados principales de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Durante una extensa jornada de evaluación, los comisionados analizaron los perfiles y trayectorias de ambos aspirantes propuestos por el Órgano Ejecutivo, quienes expusieron su visión sobre los retos y transformaciones que requiere el sistema judicial panameño.
Agurto Ayala, designada para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, destacó que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia dentro del sistema judicial. En su intervención, explicó que conoce a fondo el funcionamiento interno de la administración de justicia y que uno de sus principales propósitos será modernizar los procesos mediante la digitalización de trámites y expedientes, lo que permitiría reducir la mora judicial.
Por su parte, Villalobos Jaén fue postulado para ocupar la Sala Primera de lo Civil. Es abogado litigante, egresado de la Universidad de Panamá, con más de 20 años de ejercicio profesional en áreas como derecho civil, bancario, de seguros, propiedad horizontal y recursos constitucionales.
En su exposición ante los diputados, Villalobos remarcó que su enfoque será agilizar los procesos judiciales y mejorar la atención a la ciudadanía, de manera que los fallos se emitan con mayor rapidez. También hizo hincapié en la necesidad de dignificar el trabajo de jueces, magistrados y abogados, a quienes consideró pilares del sistema judicial.
Tras la aprobación en la comisión, el informe será remitido al Pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán ratificar o rechazar las designaciones.
Ambos aspirantes coincidieron en que la justicia panameña enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana a través de la eficiencia, transparencia y compromiso ético.
La jornada de este lunes dejó claro que la renovación de la Corte Suprema se perfila como un paso clave para fortalecer la institucionalidad del país y garantizar un sistema judicial más accesible y moderno.
