Como quiera que concluya la relación contractual entre el Estado panameño y Minera Panamá, es muy seguro que la incredulidad sobre los beneficios que percibirá el país persistirán. Y es que el manejo secreto que han tenido estas negociaciones y la postura de las autoridades nacionales no dan pie para otra cosa que no sea la desconfianza.
Al inicio de este año el gobierno de Laurentino Cortizo vendió un sueño a la población sobre los logros que el país tenía asegurados con las negociaciones que iniciarían.
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Hoy, casi a finales del 2022, sale a la luz que nunca hubo un compromiso real, por lo menos de la contraparte, de entregar los beneficios que se prometieron.
Pudiéramos ser románticos y aprovechar la coyuntura para pedir que se prescinda de esta actividad nociva para el medioambiente, y abocarnos por fin a áreas de desarrollo que sean sostenibles. Pero lo cierto es que hacerlo en esta coyuntura particular tendría un impacto nefasto para nuestra economía. Lo anterior no significa que debamos estar dispuestos a regalar, nuevamente, un pedazo de nuestro país.
